Producción: Tomás Lukin
Menos derechos e ingresos
Por Matías Maito y Diego Schleser *
El crecimiento del trabajo independiente es la expresión de una nueva generación de jóvenes emprendedores que optan por desarrollar sus carreras profesionales de un modo menos rígido, valiéndose de la posibilidad de “ser sus propios jefes” y de organizar sus propios horarios? ¿O, por el contrario, es el subterfugio posible que encuentran quienes no logran insertarse en un empleo bajo relación de dependencia y deben resignar la posibilidad de tener un ingreso estable con los derechos y beneficios que esta modalidad garantiza?
Desde poner una cervecería artesanal hasta alquilar el jardín o la parrilla de la propia casa, distintos funcionarios de gobierno han promovido la incursión en esta modalidad ocupacional. La iniciativa personal, la creatividad, la capacidad de innovar y de ofrecer productos y servicios novedosos: todas cualidades de un estereotipo de “emprendedor” que, con su pujanza, habría venido a sacudir no sólo el mercado sino también la estructura de empleo de nuestra sociedad.
Y de la mano de este nuevo paradigma conceptual, algo parece estar transformándose efectivamente en la estructura ocupacional argentina. Porque durante los últimos años tuvo lugar un importante crecimiento de modalidades laborales más flexibles que la del trabajo asalariado registrado bajo contrato por tiempo indeterminado. En particular, el trabajo independiente fue la modalidad de empleo que más creció entre 2016 y mediados de 2018: su contribución al crecimiento del empleo en esa etapa fue tres veces superior a la del trabajo asalariado registrado en el sector privado; y entre los segundos trimestres de 2017 y 2018, casi dos de cada tres nuevos puestos de trabajo fueron de cuentapropistas.
Pero ¿cuál es la verdadera naturaleza de esta modalidad laboral? La expansión del trabajo independiente que tuvo lugar desde la asunción del actual gobierno nacional reforzó el perfil caracterizado por un limitado nivel de calificación que es propio de este segmento ocupacional. Según los datos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, entre 2016 y 2017 creció particularmente la cantidad de trabajadores independientes que se desempeñan en tareas operativas (12 por ciento) y, en menor medida, aquellos que realizan tareas no calificadas (4 por ciento). En simultáneo, el número de profesionales y técnicos se contrajo (2 por ciento). Las ocupaciones de índole operativa que mayor contribución realizaron al crecimiento fueron las de cuidado y atención de personas (peluqueros, depiladores, manicuras, etc.), servicios sociales varios (jardineros, paseadores de perros, etc.), gestores administrativos y comercio directo (vendedores, telemarketers).
La incorporación de trabajadores con un alto nivel educativo fue especialmente determinante para el crecimiento del trabajo independiente en tareas operativas. En efecto, durante esta etapa tuvo lugar un fenómeno (poco auspicioso, por cierto) de sobrecalificación de la mano de obra, por el cual trabajadores con terciario o universitario pasaron a desempeñarse en ocupaciones no calificadas o de baja calificación.
Si miramos lo que ocurre en otros países, también se advierte que esta modalidad laboral coincide mucho más con una típica actividad económica de subsistencia que con la imagen del emprendedor tecnológico que plantean algunos observadores. El trabajo independiente sólo es relevante en aquellos países que presentan estructuras productivas insuficientemente desarrolladas para emplear a toda la población que desea trabajar. Ejemplos claros son Colombia, Perú y Ecuador, donde un tercio o más de los ocupados trabajan por su cuenta. En el otro extremo se encuentra las naciones más avanzadas, donde el trabajo independiente representa una proporción muy acotada de la estructura ocupacional. Un caso emblemático es Estados Unidos, uno de los países más identificados con el paradigma del emprendedorismo: allí sólo el 6 por ciento del total de los trabajadores se desempeña bajo esta modalidad.
En definitiva, la reciente expansión del trabajo independiente no estaría reflejando una búsqueda genuina de mayor flexibilidad y autonomía en el trabajo por parte de un sector de la sociedad. Más bien, parece ser el resultado de un mercado laboral que, a la par que cierra la puerta de las modalidades de empleo más estables y con mayores niveles de protección social, ofrece como alternativa posible una opción con menos derechos y menos ingresos.
* CETyD-Idaes-Unsam
La punta del iceberg
Por Gastón Valente *
Existen dos datos preocupantes sobre accidentabilidad laboral en Argentina: aumentan las muertes y se reducen las enfermedades laborales. Los accidentes fatales aumentaron un 4,57 por ciento en 2017. El año pasado fallecieron 743 personas. El registro de enfermedades profesionales, por su parte, cayó un 12,6 por ciento, siendo el mayor retroceso en los últimos diez años. El dato no marca una mejora sino que evidencia como el sistema de riesgos del trabajo ignora las enfermedades laborales. Los datos elaborados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) solo relevan al sector de trabajo formal. Al no contemplar el empleo informal sólo representan la punta del iceberg para la siniestralidad laboral que existe en el país.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que se debe avanzar hacia el reconocimiento de las enfermedades laborales. En el mundo ocurren 2,8 millones de muertes laborales al año de las cuales 2,4 millones son por enfermedades profesionales. El 86 por ciento de las muertes son por enfermedades mientras que el 14 por ciento está vinculada a accidentes. A contramano de esa tendencia mundial, en Argentina las aseguradoras solo registran 5 muertes por año por enfermedades profesionales, menos del 1 por ciento del total. El ocultamiento es evidente.
La problemática es de largo aliento pero en épocas de crisis y achicamiento del mercado laboral, el disciplinamiento juega un rol esencial: ¿quién va a denunciar una enfermedad laboral si teme perder el empleo? A su vez, las estadísticas sólo reflejan los empleos con cobertura, por lo que no se contemplan los trabajadores informales, ni los monotributistas que en su gran mayoría encubren verdaderas relaciones laborales. Las estadísticas publicadas por la SRT muestran que sólo el 21,2 por ciento de las enfermedades son diagnosticadas por prestadores de las aseguradoras. El resto lo hace el Hospital Público (28,6 por ciento) y las obras sociales (21,3 por ciento), lo que constituye una forma de externalizar costos para las ART.
Instalada en la década de los noventa, la Ley de Riesgos del Trabajo arrastra problemas estructurales. La normativa neoliberal habilita a las ART a intermediar y lucrar con la salud, no estimula la prevención de los riesgos, sino que incentiva el ocultamiento y el rechazo de los siniestros para aumentar la rentabilidad de las empresas. Las pequeñas mejoras que se hicieron, como los aumentos en las prestaciones dinerarias (2012) o la incorporación de enfermedades (2014), fueron sistemáticamente cuestionadas y rechazadas por las ART. La prueba está en el sideral crecimiento de los expedientes administrativos ante la SRT (186 por ciento) en el período 2011-2015, originados por rechazos, altas prematuras y derivaciones que incorrectamente hacían las aseguradoras.
En el país del glifosato, no hay muertes reconocidas por exposición a esta sustancia. Las manchas en los pulmones de los trabajadores mineros, dicen las ART que no son silicosis, sino por el tabaco. Los coches de subte con asbesto sólo pueden circular en un país como el nuestro, donde el Derecho Penal no tipifica el delito de “riesgo a la salud” como sí lo hacen España e Italia. Las muertes de los docentes de Moreno, son sólo culpa del gasista, no de la desidia gubernamental que ni siquiera cumple las normas de salud y seguridad cuando actúa como empleadora. Las enfermedades psicosociales (estrés laboral) brillan por su ausencia. Mientras tanto, las estadísticas nos dicen que los sectores de la economía beneficiados por la quita de las retenciones y los tarifazos, son los que más han aumentado los accidentes mortales.
La médica del trabajo Lilian Capone expresa que, los pocos exámenes de salud que hacen las empresas, son sólo una cuestión administrativa y burocrática, no tienen por objeto detectar patologías ni orientar políticas preventivas. Las empresas prefieren no denunciar enfermedades para pagar menos alícuotas de seguro. Para el Gobierno de Cambiemos, no es una prioridad la prevención sino bajar los costos laborales. Consecuencia de ello son el crecimiento de las muertes y el ocultamiento de las enfermedades.
* Abogado Espacio Intersindical Salud Trabajo y Participación
