CM: La primer cuestión tiene que ver con el tema de la relación de fuerzas, para lo cual es muy importante el desarrollo de la construcción de hegemonía, en lo cual se ha avanzado mucho, en particular desde el 2009 en adelante, entre las organizaciones sindicales, sociales, políticas y culturales, pero que hay que avanzar mucho más si se quiere tener la herramienta indispensable para poder impulsar la profundización del modelo iniciado en el 2003. Quisiéramos saber que rol ves para las organizaciones sindicales, en particular la CTA, en este fundamental asunto.
HY: Creo que la acción en esa perspectiva tiene dos niveles de disputa: Una es la construcción de una recomposición del campo popular, que permita la confluencia en un mismo espacio de las organizaciones que compartimos distintos intereses del campo popular, pero que tenemos una coincidencia en la necesidad de impulsar este modelo. Esto hay que hacerlo tanto a nivel nacional como de la región. En ese sentido, la CTA se propone desplegar, como ya lo ha hecho en la ocasión de conmemorar el 6º aniversario del no al ALCA, una convocatoria que trascienda los límites de nuestra central y busque consolidar un espacio de debate y de construcción de iniciativas común, con organizaciones del espacio kirchnerista, movimientos sociales, sectores de izquierda y otros partidos del campo popular aliados a lo que se denomina kirchnerismo, que coincidan en caracterizar esta etapa como de avance. Del mismo modo, hemos hecho ese tipo de convocatoria para condenar el reciente asesinato de un dirigente campesino en Santiago del Estero, que ha sido denunciado por el MOCASE.
Debemos también profundizar la batalla por la hegemonía en el plano cultural, ideológico y político. Para ello, la CTA no debe circunscribirse a un plano corporativista en sus planteos, sino que tiene que dar un diálogo con la sociedad, en particular con los sectores progresistas. Esto tiene algunos pilares: Hay que resignificar el momento regional y la disputa de construcción de un camino alternativo al que ofrece hoy el capitalismo, inmerso en la crisis que ha generado el sector financiero, y que esto tiene que empezar a generar verbo, a tener palabra, como se dio con lo de la ley de medios o del matrimonio igualitario y que tiene que empezar a conformar un programa, un discurso que ponga en jaque la hegemonía del discurso “oficial” a nivel mundial, que es también el de los partidos tradicionales y de la derecha, en nuestro país.
CM: En la profundización del modelo, es fundamental todo lo que tiene que ver con el plano laboral, con los trabajadores, principal fuerza productiva y mayoría de la sociedad. En ese sentido deseamos saber tu visión y la de la central en cuanto a las tareas a asumir, para consolidar lo hecho desde el 2003 y lo mucho que hay para profundizar.
HY: Son varios temas. Sin duda el objetivo principal de esta etapa es profundizar las políticas para eliminar la desigualdad generada por las políticas neoliberales, particularmente la destrucción de trabajo concebido como empleo digno. En ese sentido, hay temas que tienen que ver con el empleo en negro, que llega al 40%, que son trabajadores que no tienen convenios, derechos, ni aportes jubilatorios, que tienen trabajo eventual, y cobran muchas veces por debajo del salario mínimo vital y móvil, aun a veces siendo empleados públicos, por ejemplo en algunas provincias del NEA y del NOA, o en zonas rurales.
Creo que el crecimiento de la actividad económica de estos años, ha acrecentado las diferencias entre trabajadores con convenio y aquellos que no lo tienen. En la agenda esto tiene que ser prioridad y se puede concebir desde dos extremos, que marcan la amplitud del horizonte y de las diferencias: Por un lado, el sector formal, para el que hay que avanzar con la ley de participación en las ganancias. En el otro extremo, avanzar con la legislación que penaliza el trabajo infantil y el trabajo esclavo, que no solo existe en el sector rural, sino también en el urbano. Esto hace ver la amplitud del espectro laboral a profundizar.
Pero estos objetivos en lo laboral están vinculados con otros avances que hay que impulsar, como una nueva ley tributaria progresiva, ley de entidades financieras, ley contra la extranjerización de tierras, ley para impedir el desalojo de pequeños y medianos campesinos. Hay que rediscutir el marco legal de la tenencia de la tierra y la ley que rige la situación de los trabajadores rurales. Discutir un nuevo marco productivo rural, que asegure el trabajo y el arraigo en el campo, lo contrario que genera el paradigma productivo sojero actual. Otro tema clave sería el de la situación de la mujer trabajadora.
Pero todo esto nos lleva necesariamente a discutir sobre el modelo de país. No es posible avanzar en aquellas cuestiones en un modelo como el del consenso de Washington, por ejemplo, donde se preconiza la ausencia del Estado y la supremacía del mercado. Hay que discutir que significa reindustrializar el país, como incorporar ciencia y tecnología, que es redistribución de la riqueza y el papel del Estado. Como impulsar la indispensable integración regional, con complementariedad económica, que permita la construcción de un gran mercado latinoamericano que genere la elevación del poder adquisitivo de los sectores populares.
No es posible discutir en forma aislada estos temas, porque, por ejemplo, no podemos discutir redistribución de riqueza, sin discutir el modelo de nación y el de integración regional.
CM: Surge aquí la importante cuestión sindical, sus organizaciones, su institucionalidad, incluida la legislación sindical. Desde ya surge inmediatamente la necesidad del reconocimiento legal de la personería de la CTA como central de trabajadores, que el gobierno hasta aquí no ha hecho desde el punto de vista jurídico, aunque desde muchos aspectos de hecho tal vez si. Está también esta temática a incluir en la agenda de profundizar el modelo.
HY: Creo que habría que avanzar en consolidar un nuevo modelo jurídico, para el movimiento sindical, que incorpore los fallos sobre libertad sindical de la Corte Suprema, que a su vez están en línea con los convenios de la OIT. Igualar en derecho a las organizaciones con personería y sin personería, garantizar el foro sindical para todas, el derecho a la retención del aporte sindical, a la representación ante el conflicto colectivo de trabajo. Mantener una discriminación jurídica en cuanto a los derechos sindicales de organizaciones con y sin personería, es una rémora de un viejo modelo que ya no tiene vigencia en el mundo y no tiene razón de ser en la Argentina. Si se avanzara en ese sentido, hasta el pedido de otorgamiento de personería de la CTA perdería vigencia y quedaría en todo caso como una reivindicación simbólica, por cuanto ya no sería necesario al reconocérseles iguales derechos a todas las organizaciones, con o sin personería.
Creo que hay que incorporar la firma de algunos convenios de la OIT que no están suscriptos en Argentina, por ejemplo el muy importante que limita el derecho al despido por parte de las patronales. En Argentina está naturalizado que si la patronal tiene la obligación de pagar indemnización por despido, entonces tiene derecho a despedir. Esto es algo que se tiene que limitar. Así como la patronal le reclama seguridad jurídica al gobierno, los trabajadores también tenemos derecho a reclamar seguridad jurídica.
También habría que terminar de concretar en nuestro país el convenio de la OIT sobre trabajadores rurales
En general, en términos de modelo sindical, hay que garantizar legalmente mayor democracia y también limitaciones en la arbitrariedad patronal y el uso de la fuerza contra los trabajadores urbanos y rurales.
CM: Para profundizar el modelo habría que empezar por solucionar un efecto colateral no deseado del mismo, que es la inflación, que afecta sobre todo a los trabajadores y en general a los de abajo. Concibo que esto es generado principalmente por la estructura oligopólica de nuestra economía, que ante una demanda creciente encuentra la forma de generar ganancias extraordinarias mediante el mecanismo de subir los precios, al no tener suficiente competencia. Si no estuviera en la agenda meterse con la propiedad oligopólica, creo que un acuerdo económico-social, entre Estado, patronal y sindicatos, como el anunciado varias veces por Cristina, pero no instrumentado hasta aquí, podría ser una herramienta eficaz, aun cuando muy compleja y difícil. Para hacerlo eficaz habría que implicar a los trabajadores en el control de costos y de stocks a nivel de las empresas y a las organizaciones sociales, particularmente de consumidores, en el control de precios en góndolas. Es importante conocer tu opinión sobre este tipo de eventuales acuerdos.
HY: Pensamos que el tripartismo, es decir el sistema en que Estado, empresariado y trabajadores, discuten políticas públicas, económicas, laborales, de desarrollo social, constituye un instrumento válido. En ese sentido, el pacto mundial por el empleo, que plantea la OIT, contra la supremacía de los grandes sectores corporativos, sobre todo financiero-especulativos y organismos como el FMI, creemos que es totalmente válido. Donde no hay tripartismo, hay supremacía del mercado, que es la forma eufemística de hablar de la supremacía de los grandes grupos del capital concentrado.
Creemos en la convocatoria a un acuerdo económico social, con el nombre que se le ponga, en tanto y en cuanto permita la discusión legítima de intereses y no la convocatoria solo para asistir a decisiones previamente tomadas. Habría que convocar a agenda abierta y no solo discutir lo que interesa a los grupos económicos y mediáticos vinculados, que es la limitación salarial, el gasto público y el tipo de cambio. Tenemos interés en discutir temas tales como los aumentos sistemáticos de precios por los monopolios, la rentabilidad, la productividad, las inversiones, la fuga de capitales, la especulación financiera, Es decir, temas indispensables para discutir en un pacto tripartito, en el marco de lo que Cristina define como capitalismo en serio, que entendemos tiene que ser un modelo basado en la producción, la generación de empleo, la inclusión social, el desarrollo de los derechos laborales y sociales y de la democracia, Discutir también como, con la activa participación del Estado, generar cadenas de valor que permitan la creación de empleo digno y el aumento de las remuneraciones y el poder adquisitivo real, para lo cual hay que ver también como ayudar a PYMES y cooperativas para que puedan competir y limitar así, incluso, la tendencia al precio monopolista. En particular, como agregar valor en el agro y en las localidades rurales, favoreciendo a PYMES y cooperativas rurales, para levantar el nivel de empleo, de remuneraciones y de arraigo en esas zonas.
En este contexto habría desde ya que plantear el fundamental tema de la suba permanente de los precios.
CM: Una última cuestión: En su acción contra la indigencia y la desocupación, particularmente de personas con poca o ninguna experiencia y capacitación laboral, el gobierno ha instrumentado planes como el “Argentina Trabaja”, consistentes en cooperativizar personas y otorgarles trabajos a través de los municipios, Quisiera conocer tu opinión sobre esto.
HY: Son experiencias e instrumentos válidos, aunque por supuesto nosotros querríamos que se evolucionara a una situación en que quienes hoy están cooperativizados, se mantengan en esa situación con autonomía y por su propia decisión, porque se haya generado la posibilidad alternativa de conseguir empleos genuinos en empresas privadas y sector público. Creemos que tenemos que construir las condiciones para que quienes quieran insertarse en una fábrica, en una empresa de servicios, o cualquier otro empleo, lo pueda hacer y quienes deseen quedarse en cooperativas lo hagan por libre elección. Que quienes hoy cobran la asignación universal por hijo, puedan en el futuro cobrar el salario por hijo que les corresponda como trabajadores regulares.
Las experiencias actuales, como el plan Argentina Trabaja, son avances respecto de los planes de asistencia que se instrumentaron a la salida de la devaluación del 2001, lo cual no quita el hecho que muchos de ellos terminan siendo formas encubiertas de subsidios, que muchas veces permiten que se instalen prácticas clientelístas, la especulación de punteros, o de intermediadores, que terminan convirtiendo a los cooperativizados en una suerte de rehenes, del engranaje de disciplinamiento social de algunos círculos del oficialismo, en distintos territorios. Creemos que ese tema se tiene que resolver construyendo cooperativas de trabajo que tengan la posibilidad de autonomizarse y de buscar metas con horizonte de rentas que les permitan ser competitivos y consolidarse en una realidad económicamente sólida.
Pero bueno, las actuales formas lógicamente forman parte de una etapa.
Por Carlos Mendoza, ingeniero, especializado en temas de economía política, escritor , miembro del Consejo Editorial de Tesis 11.
