Pocos días después, la Central dará a conocer el "Programa del 1º de Mayo de 1968", que sigue los lineamientos de los históricos Congresos de La Falda, en 1957, y Huerta Grande, en 1962, de contenido claramente antiimperialista, anti monopólico y anti dictatorial. La CGT de los Argentinos, en la que confluyeron sindicalistas, agrupaciones estudiantiles, gremiales y políticas,tanto peronistas, como radicales, socialistas, comunistas y casi toda la amplia gama de la izquierda, sacerdotes del tercer mundo y diversos sectores socialcristianos, se convirtió en eje articulador de la resistencia contra la dictadura de Juan Carlos Onganía.
“Es la hora en que la Revolución la haremos los que la necesitamos porque lo perdimos todo. Porque la única manera de hacer la Revolución es haciéndola y haciéndonos con ella”.
28 al 30 de marzo de 1968
Congreso Normalizador de la CGT: La Hora de la Verdad
El 28 de marzo de 1968, el Congreso Amado Olmos realizado en Buenos Aires normalizó la situación en que se hallaba la Confederación General del Trabajo.
También terminó con una guardia de dirigentes que habían extraviado en el camino las banderas cuya custodia les fue confiada. Fue un Congreso legalmente constituido, convocado por los mismos que luego lo abandonaron en un intento de quebrar la decisión de la clase trabajadora argentina de despertar de un pesado letargo.
Un letargo que en realidad sólo imperó en el espíritu de esos dirigentes dispuestos a la maniobra política, electoral o golpista, en vez de volcar ese talento que han demostrado poseer, en la organización de la lucha por los derechos de sus hermanos trabajadores.
Empezaron sintiendo vergüenza por sus ropas de obreros, trataron de ponerse a tono con los despachos y antesalas ministeriales y poco a poco de representantes obreros frente al poder se convirtieron en representantes del poder frente a los obreros.
Se enriquecieron, adquirieron hábitos y vicios incompatibles con sus cargos de dirigentes sindicales, burocratizaron sus sindicatos, los transformaron en maquinarias sin contenido, se limitaron —en el mejor de los casos— a la acción social, el tanto por ciento de aumento en cada nuevo convenio, los hoteles de turismo, las colonias de vacaciones.
Olvidaron que los trabajadores no pueden ni deben mantenerse al margen de los problemas fundamentales de la vida nacional.
Olvidaron que la política del gobierno contraría los intereses de la clase trabajadora.
Toleraron los avances incesantes de los monopolios que rigen la economía del país, arruinando a las empresas nacionales, especulando con la desocupación que abarata la mano de obra, envileciendo los salarios.
Durante años esos dirigentes se opusieron entre sí; encarnaban actitudes distintas ante los problemas nacionales, inclusive se combatieron con dureza. El tiempo ha borrado esos matices, ha gastado los ropajes ocasionales y los ha dejado desnudos; es posible ver que se parecen mucho, unos y otros. Por eso ahora, como por arte de magia, están todos juntos, enfrentados a los trabajadores.
El 28 de marzo de 1968 quedaron definitivamente atrás. La CGT normalizada recoge las banderas que ellos arrojaron a un costado y las alza con orgullo para comenzar una nueva etapa, que será de lucha y sacrificio, pero no se desviará en componendas a espaldas del pueblo.
Antecedentes
En 1964 estadísticas de la CGT indicaban que 1.300.000 compatriotas no tenían trabajo. Semana a semana cerraban nuevas fábricas. Se perseguía a las organizaciones sindicales, se asistía con insensibilidad al agravamiento de la crisis que asfixia a Tucumán.
En el mes de julio José Alonso, entonces secretario de la CGT, pone en marcha el plan de lucha, empezando por una primera etapa de esclarecimiento para proseguir con la ocupación masiva de las fábricas. Parecía la reacción lógica contra el deterioro creciente de la economía, la carestía de la vida, la desocupación, el estancamiento progresivo que cubría con el llamamiento de sus dirigentes; comprendían que la acción era necesaria para modificar ese estado de cosas.
Pero los dirigentes jugaban su propio juego; se trataba simplemente de debilitar al gobierno para favorecer los planes intervencionistas de sectores militares cuya palabra aún estaba empeñada en un juramento por el cual, en 1960 y 1963, corrió sangre argentina.
Tras las banderas de la reivindicación gremial se ocultaban actitudes sospechosas. AugustoVandor convenía con los patrones la hora de ocupación de las plantas, todo transcurría con sorprendente tranquilidad pese al dramatismo de la medida adoptada.
La batalla obrera era utilizada como instrumento político de Vandor y Alonso, enfrentados entre sí, no en defensa de posiciones realmente encontradas, sino en la disputa por el control de un aparato que les servía para negociar con los jefes militares que los alentaban privadamente.
Los trabajadores arriesgaron sus salarios, la tranquilidad de sus familias, sus vidas; en verdad eran jugados en una maniobra golpista.
Las grandes maniobras
Cuando el golpe se produjo los jefes se presentaron a cobrar sus dividendos. Una marcha militar y una proclama genérica, bastaron para atraerlos. En todos los diarios, revistas y noticieros asomaron sus rostros sonrientes mientras a pocos metros juraba un nuevo presidente; habían llegado a la Casa de Gobierno, se les pedía opinión y no retaceaban declaraciones optimistas. La fiesta terminó pronto y tuvieron que irse como lo que eran: invitados a una reunión ajena.
Ya Vandor había conseguido desplazar a Alonso y colocar en la dirección de la CGT a un adicto: Francisco Prado. Entre todos ellos terminaron de desorientar, con sus coqueteos oportunistas, a quienes esperaban una definición categórica de sus dirigentes.
Habían aprendido un lenguaje nuevo, leían libros de sociología, se sentían ideólogos de una conciliación que siempre supieron vestir con apariencias nobles, aunque se tratara en realidad de firmar un pacto con el diablo. Todos los plazos se vencen, y llegó el momento en que el diablo vino a exigirles el alma que habían hipotecado.
Tenían ganas de seguir creyendo en las fantasías que otros inventaban y que ellos repetían, preferían no darse por enterados que no hay conciliación posible con quienes elaboran sus planes sobre la base de la explotación de los trabajadores, la ruina de la industria nacional, el empobrecimiento de la clase media.
Sindicatos, Fuerzas Armadas y Empresarios, era la alianza que se proponían.
Las circunstancias habían cambiado. Los trabajadores nunca renunciaron a su voluntad de trabajo común con otros sectores nacionales; pero la empresa argentina fue destruida por el capital imperialista sin atinar a defenderse y las fuerzas armadas, divididas o no, padecen una desorientación tal que les impide darse cuenta por dónde anda el enemigo.
No bastaba entonces la voluntad de conciliación, porque la conciliación en sí tiene tan poco sentido como la lucha porque sí.
Era necesario tener claros los objetivos, las necesidades, los intereses de la clase trabajadora; ellos eligieron el camino de la conciliación porque sí, atados a ilusiones nacidas cuando esa alianza era posible y también a prebendas personales. Y lograron la conciliación, pero defendiendo objetivos que no eran los de los trabajadores/as ni los del país.
El precio de la traición
La política económica del nuevo gobierno contradijo rápidamente las palabras de los discursos iniciales, desató una ofensiva profunda e implacable, planificada contra los sindicatos que no se plegaban a las condiciones del vencedor. Los grandes dirigentes, deslumbrados por la proximidad del poder, aconsejaban calma, retrocesos tácticos, desalentaban la resistencia.
El caso de Eustaquio Tolosa terminó de mostrar lo que estaba pasando: los portuarios no se oponían a discutir modificaciones que abarataran los procesos económicos, se ofrecían voluntariamente a dialogar, proponían soluciones. Tolosa llegó a entrevistarse con el presidente Onganía. Únicamente solicitaban que no se pusiera en vigencia, unilateralmente, un reglamento de trabajo vergonzoso, que anula viejas conquistas e impone condiciones despiadadas en beneficio de sectores empresarios cuyos representantes eran asesores inmediatos del ministro de Economía Salimei.
Abaratar los costos, “limpiar” el puerto quería decir aumentar la explotación de los trabajadores: eso es lo primero que se les ocurre a todos los “racionalizadores”.
Onganía escucha a Tolosa y no dijo más que unas pocas palabras, sin comprometerse. Una semana después se aplicaba la nueva reglamentación: ante el ofrecimiento generoso de los trabajadores de aportar ideas para mejorar el funcionamiento del puerto, se respondía con una provocación. Una táctica que volvió a aplicarse el día en que los portuarios se aprestaban a levantar el paro: ese fue el momento elegido para detener a Tolosa, en medio de la asamblea, por una orden judicial que pudo haberse ejecutado antes o después.
Lo que se proponían era desmantelar la organización sindical, obligarla a salidas desesperadas que la embretaran en una alternativa de hierro: lucha a muerte o capitulación total.
Que el gobierno procediera de esa manera, es posible entenderlo. Pero lo inesperado, lo doloroso fue la relación de algunos de los que dirigían entonces la central obrera, responsables de denuncias policiales contra los trabajadores del puerto que ocuparon el local de Azopardo, procurando sacudir la indiferencia con que se respondía a su situación.
Uno tras otro, son intervenidos o se retira la pesonería gremial o se congelan los fondos a los sindicatos que no aceptan confundirse. Azucareros, químicos, canillitas, prensa, ferroviarios y telefónicos siguen en la lista iniciada por los portuarios.
Los ferroviarios también ilustran con precisión qué busca el gobierno: desmantelar ramales, despedir obreros, preparar el terreno para que los fabricantes extranjeros de camiones puedan hacer mejor su negocio. No se trata de negar las bondades de este sistema de transporte, ni de oponerse al trazado de nuevas rutas, vitales para el desarrollo. Pero, como siempre, se empieza por atacar a los trabajadores y por desbaratar de un plumazo lo que ya existe en el país, a cambio de lo que todavía no se ha construido.
El desmantelamiento de las empresas nacionales, las puertas abiertas para los monopolios que colocan a sus hombres en los ministerios, la política petrolera que vuelve a entregar a extranjeros el sur argentino, la destrucción progresiva del sistema previsional siguieron chocando con las palabras oficiales.
La espada y la pared
La política del tero, de gritar por un lado y poner los huevos por el otro, ha llegado a transformarse en un arte refinado. Pero no sólo las grandes líneas sirven para radiografiar a un gobierno; también las pequeñas medidas definen su actitud. La elevación de la edad jubilatoria de 55 a 60 años es una muestra del desprecio oficial, de esa voluntad de dar siempre otra vuelta de tuerca, de ajustar cada vez más la soga que ciñe el cuello de los trabajadores. ¿Por qué no subir aun más el tope? Si se fijara en 70 años, el problema de los jubilados desaparecería totalmente, desaparecerían los jubilados, para ser más explícitos.
La grave crisis, que el gobierno gestado en junio de 1966 aceleró, hizo que el clamor popular llegara a los hombres que conducían la CGT y los acorralara entre dos fuegos: estaban decididos a “participar”, pero para eso necesitaban seguir manejando sus organizaciones, porque a ningún funcionario, ningún militar, ningún banquero le interesa dialogar con un dirigente que no tiene poder sobre sus dirigidos.
Para conservar ese dominio debían responder al reclamo de las bases, y así nació el plan de acción de principios de 1967, viciado desde la raíz por la falta de convicción de quienes lo organizaron. Prendieron una fogata queriendo simular un incendio y terminaron asfixiados por el humo.
Ese plan de acción se proponía calmar la ansiedad de quienes veían oscurecerse cada vez más el panorama, pero sin llevar las cosas demasiado lejos: un poco de ruido, algunas manifestaciones en las calles y de vuelta a casa sin muchos riesgos. Contaban para eso con la complacencia de sus aliados en el gobierno, y se llevaron un chasco: esta vez los militares no quisieron oír hablar ni en broma de obreros en pie de lucha, no aceptaron explicaciones y montaron un operativo de represalias escalonadas que debía terminar con la intervención de la Confederación General del Trabajo.
Ante esas amenazas, los mismos que habían proclamado consignas de rebelión borraron con el codo todas sus palabras y dieron por terminado el plan. Lo peor fueron las excusas a que apelaron: la falta de espíritu combativo de los trabajadores.
Eso es una mentira que corearon a sabiendas; los trabajadores/as están dispuestos a gastar todas sus cartas en la lucha, pero también están cansados de que se juegue con naipes marcados. Miles de trabajadores han ido a parar a los calabozos, han perdido sus trabajos, han sido abandonados sin miramientos por esos dirigentes que gustan ser considerados “factores de poder”, “grupos de presión” sin darse cuenta —cuando son bienintencionados— cuál es el poder que integran en su calidad de socios menores.
Suspendido el plan de acción de 1967, el gobierno se jactaba de su poder, del efecto que habían surtido sus amagos y su despliegue de violencia. Hubiera sido el momento de reflexionar, pero esos dirigentes dejaron pasar la oportunidad y actuaron en forma coherente con lo que venían haciendo desde mucho antes: lamieron el zapato que los había golpeado y aguzaron el ingenio para reanudar el diálogo con funcionarios que se negaban a recibirlos.
A pocos días de la clausura claudicante del plan de acción —siempre con el argumento de no perder los sindicatos, que es lo único que a ellos les duele— Taccone y Cavalli ingresaban a los despachos ministeriales, sentaban las bases de colaboracionismo. Realmente resulta difícil entenderlos: tenían evidencia de sobra de que sólo los aceptarían rendidos incondicionalmente, habían hecho todo lo necesario para agradar al secretario de Trabajo y pese a ello los rechazaban. De todos modos insistieron, como hijos del rigor, y después de los primeros reveses volvieron a buscar la segunda cuota. Claro que los reveses no los reciben ellos sino los trabajadores/as.
Aferrados con tenacidad al pequeño islote de poder que les consiente, no se dan cuenta que, poco a poco, son empujados al agua y que nadie les va a tirar un salvavidas el día que pierdan pie. El argumento sigue siendo conservar los sindicatos, los locales sindicales; la diferencia es que los irán perdiendo de a uno, hagan lo que hagan, porque o se los quitará el gobierno —que no se inquieta por pagar con buena moneda a esos buenos amigos— o los perderán por la rebelión de las bases, dispuestas a ser protagonistas y no testigos mudos del proceso.
Una vez levantado el plan de acción y concluido el oscuro período de Prado, se planteó la necesidad de una sucesión que permitiera continuar los contactos con el gobierno y que, a la vez, no arriesgara a los líderes de primera línea durante un período que preveían difícil. Así surge la Comisión Delegada de 20 miembros, con la tarea de suavizar la transición hacia tiempos mejores: entretanto participacionistas y colaboracionistas siguen negociando con las autoridades, confiados en la inocuidad de los 20.
Las negociaciones tienen una finalidad primordial: obtener el reconocimiento del gobierno. Esto les preocupa mucho más que el reconocimiento de los afiliados.
En señal de protesta, cinco miembros abandonan en poco tiempo la comisión delegada. Para el 26, 27 y 28 de enero de 1968, el Comité Central Confederal había decidido, la realización de un Congreso Normalizador. Con argucias estatutarias los amigos del gobierno, consiguen postergarlo hasta marzo. Son sus últimos días de gracia, que dedicarán a gestiones cada vez más desesperadas ante un interlocutor que pide favores pero no deja de amenazarlos.
Por otra parte los jerarcas colaboracionistas procuran sondear la actitud que asumirían los distintos gremios en el Congreso Normalizador de marzo y planean una reunión de todos los secretarios generales. Reparan entonces que estatutariamente una reunión de esa naturaleza se constituye en órgano de consulta cuya opinión no puede ser desatendida. La solución es convocarlos en dos tandas.
Así se evitan compromisos legales. La primera tanda aceptó postergar el congreso por 60 a 90 días; la segunda exigió su realización inmediata y —poniendo el dedo en la llaga— sostuvo que debían participar las organizaciones intervenidas por el gobierno y las que tienen cancelada su personería gremial. Lo contrario —sostuvieron— equivaldría a convalidar la sanción aplicada a estos gremios, castigados por su actitud combativa.
Frente a la disparidad de opiniones la Comisión Delegada apeló a un nuevo ardid: citó a un concilio secreto a 15 secretarios generales, a los que llamó “notables”; entre ellos Vandor (metalúrgico), Alonso (Vestido), Pérez (Luz y Fuerza), Bono (La Fraternidad), Uncal (Comercio), De Luca (Navales), Horvat (ATE), Pepe (Unión Ferroviaria).
En reuniones celebradas con los 15, la Comisión Delegada propuso dos variantes para una misma maniobra que finalmente fracasó: postergar directamente el Congreso o convocarlo y, una vez constituido, pasar a cuarto intermedio por tres meses, si es que lograban controlarlo.
La maniobra, elaborada por el secretario de Trabajo, apuntaba a dos frentes. Por una parte Rubens San Sebastián podía concurrir sin aprensiones al Congreso de la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra, amparado en la sensación de normalidad que ofrecía el movimiento obrero argentino. San Sebastián prometía como retribución “normalizar” algunas organizaciones intervenidas: Unión Ferroviaria, FOTIA, Prensa, Químicos, donde se maniobraría para colocar dirigentes que respetaran ese “pacto de caballeros” y sumaran cerca de 100 votos colaboracionistas al Congreso, que recién tendría lugar cuando San Sebastián estuviera de regreso de Ginebra.
De paso, la “normalización” propuesta por el secretario de Trabajo hubiera eliminado a los actuales dirigentes de los gremios castigados, una pica clavada en Flandes que molestó mucho al gobierno; esos dirigentes que han visto avasallados sus sindicatos, que han debido pasar a la resistencia reorganizando sin medios económicos los aparatos intervenidos, fueron los enemigos más severos de los planes oficiales aceptados por los colaboracionistas. Se sabe que el avestruz es un animal tonto que esconde la cabeza para no ver el peligro. El gobierno, en cambio, procede como un avestruz vivo, que trata de ocultar a sus enemigos para que no se los vea, aunque no tenga el poder suficiente para hacerlos desaparecer del todo. Nuevas autoridades en los sindicatos intervenidos, elegidas de acuerdo a ciertas formalidades con apariencia de legalidad, hubieran debilitado a los anteriores dirigentes reforzando a la vez el frente participacionista. Inclusive un pequeño grupo de dirigentes tomaron café en la residencia presidencial de Olivos y en un clima muy cordial analizaron con Onganía las características que tendría la nueva CGT: la diferencia estribaba en saber si la central obrera debía convertirse abiertamente en un apéndice de la Secretaría de Trabajo o, si le sería permitido cierto aspecto de autonomía.
Ese es el único punto en el que actualmente discrepan los ocupantes del edificio de la calle Azopardo: apariencias, formalidades tácticas. En el fondo, nada los separa: como osos de feria se preparan para bailar el ritmo que les toquen. Pero sus planes fueron desbaratados y ahora van a tener que bailar en serio.
El Congreso Normalizador
Durante el cónclave de los 15 —como dijimos más arriba convocado por la comisión delegada para tratar de conseguir una nueva postergación del Congreso Normalizador— los representantes de la Asociación Trabajadores del Estado, Navales y Unión Ferroviaria se negaron con energía. La CGT —sostuvieron— no podía asumir el papel de verdugo y bajar el hacha sobre la cabeza de las organizaciones sancionadas por el gobierno, justamente por practicar la solidaridad con azucareros y portuarios. Afirmaron también, que el problema debía ser resuelto por el Congreso Normalizador.
El 28 de marzo en el local de UTA en la calle Moreno 2969 comienza a sesionar el Congreso Normalizador bajo la advocación de Amado Olmos, fallecido en triste accidente hacía un par de meses. Su objetivo: sustituir a la comisión delegada por un nuevo secretariado elegido en congreso mayoritario y representativo de los trabajadores. En nombre de la Comisión Delegada abrió las deliberaciones el ex dirigente Notaro, leyendo la lista de gremios que estatutariamente —dijo—, estaban en condiciones de integrar el Congreso.
Las primeras palabras encerraron también la primera maniobra. Según esa lista, sobre 457 delegados en condiciones de participar, sólo había presentes 219, por lo cual faltaban unos pocos para hacer quórum. En realidad había más de 219 delegados presentes, pero lo que se proponían en ese momento era desconocer a aquellos delegados que representaban a gremios intervenidos o con su personería cancelada.
Plantear las cosas de entrada en esos términos hubiera sido tan violento, que no se animaron a representar públicamente ese papel que desde hace mucho actúan en privado, apelaron a un subterfugio: explicaron que no podían participar en el Congreso los delegados de aquellos gremios que adeudaran sus cuotas a la Caja Confederal. Invocaron para eso el artículo 60 del Estatuto de la CGT.
A esta insidiosa argumentación, que de prosperar hubiera impedido que sesionara el Congreso sin necesidad de que los colaboracionistas y participacionistas tuvieran que desenmascararse, respondió el dirigente telefónico Guillán leyendo el citado artículo 60: “Todas las organizaciones que adeuden sin causa justificada más de cuatro meses a la Caja Confederal, serán consideradas, previa notificación, como dimitentes y en tal caso los miembros del Comité Central Confederal que pertenecen a la organización deudora dejarán automáticamente de formar parte del mismo”. Guillán sostuvo que ese no es el caso de las organizaciones que están intervenidas o tienen sus fondos congelados, ya que esas circunstancias son una causa justificada para el atraso de las cuotas. En consecuencia pidió se les permitiera intervenir con voz y voto a la par de las demás organizaciones.
Decididas intervenciones de los representantes de Municipales —que ofrecen pagar en ese mismo momento las cuotas de su gremio— Quí- micos, Navales, FOTIA y Ferroviarios, obligan a la comisión delegada a aceptar la participación de los gremios que adeudan fondos con causa justificada. Se lee entonces el orden del día y se pasa a elegir la Comisión de Poderes, encargada de analizar las credenciales de los delegados.
Municipales propone que se incluya a la Unión Ferroviaria en esa comisión, pero Lorenzo Pepe declina el ofrecimiento para no dar un pretexto que permita desconocer la legitimidad del Congreso. Después de tres horas de cuarto intermedio para que se analicen las credenciales, el Congreso vuelve a sesionar a las 22.30 con 393 delegados que hacen un minuto de silencio en homenaje a Amado Olmos: también se envía un telegrama al Presidente de la Nación solicitando la libertad de Eustaquio Tolosa. Varios dirigentes preocupados por las controversias que se presentan respecto de algunas credenciales, advierten al congreso acerca de las presiones que se realizan para hacerlo fracasar.
Cuando se eligen autoridades del Congreso, la presidencia es ocupada por Honorio Gutiérrez de UTA. Pallares, de Pintura, informa que ese mismo día la policía disolvió violentamente a los trabajadores de la fábrica Alba “que no estaban ocupando la misma, sino reunidos en asamblea”. La Comisión apoya un pedido por la libertad de los detenidos de Alba, empresa del grupo Bunge y Born. También se acepta una moción de Ceramistas contra la “agresión a la que son sometidos los obreros de la fábrica de azulejos San Lorenzo”.
Los hijos de los pobres
Inmediatamente Guillán pide que el Congreso haga un llamamiento público a las organizaciones que no han concurrido y se sumen a las deliberaciones de los días 29 y 30. Fustiga también a los dirigentes colaboracionistas pero, propone, queremos que “vengan a discutir aquí, en el seno de la CGT, las diferencias, que puedan tener con este Congreso constituido no sólo legítima sino estatutariamente”.
En ese momento toma la palabra por primera vez Raimundo Ongaro, de la Federación Grá- fica quien manifiesta su dolor por las organizaciones ausentes y su alegría por la alta inspiración constructiva que alienta al Congreso.
Ongaro se refería en primer lugar a los delegados de Luz y Fuerza, Construcción, Vitivinícolas, SUPE, Comercio y Metalúrgicos que en ningún momento se presentaron al Congreso evidenciando su intención de hacerlo fracasar. También a los del Vestido, Gastronómicos, Alimentación, Vidrio, Sutiaga y Bancarios, que se retiraron luego de la elección de la Comisión de Poderes, durante el cuarto intermedio.
Agregó Ongaro: “Todo el día han estado circulando toda clase de versiones. No sé si afortunada o desgraciadamente, la mayoría de ellas son o van a ser verdaderas; quiero decirlo acá sin faltarle el respeto a los presentes ni a los ausentes: parece mentira, cuando alguna vez los más pobres, los más humildes, los que nunca hemos pedido nada, triunfamos en una votación, que es un hecho normal y accidental en la vida, todos se enojan con nosotros.
Nosotros durante años no dijimos nada, cuando veíamos los acuerdos de los núcleos y los dirigentes, acuerdos hechos a espaldas nuestras y de los obreros. Nunca dijimos nada, todo lo aguantamos por el pueblo, por la Patria y por los trabajadores/as. Todo lo aguantamos por unidad, solidaridad y disciplina. Nos íbamos con amargura, tratábamos de justificarles todo a esos dirigentes que hoy se han ido. A esos dirigentes que hoy, cuando en una votación sencilla y normal ganan los hijos de los pobres se han enojado. Les vamos a abrir las puertas, les vamos a abrir los brazos, pero quiero que en la moción conste esto: que esta comisión de poderes que eligió el Congreso también se eligió con todos los atributos de los que, sin tener miedo a perder la vida, han venido a desafiar y a decir la verdad que otros tienen de la piel para adentro, pero ni esa verdad se animan a decir.
Hoy estamos acá, agraviados en nuestra dignidad, pisoteados en los derechos del pueblo, despojados de nuestras conquistas, todos nos han humillado y todavía porque venimos a gritar la verdad, para que no irritemos a los que nos están golpeando nos tendríamos que callar o tal vez tendríamos que ser participacionistas.
Nosotros hemos dicho que preferimos honra sin sindicatos y no los sindicatos sin honra, y mañana nos pueden intervenir. No tenemos aquí ninguna prebenda personal que defender, pues para defender a nuestros compañeros no hace falta el sillón ni el edificio. Lo hacemos porque lo llevamos en la sangre desde que hemos nacido.
Les advierto esta noche, si es que me están escuchando que lo sepan, que les hago un llamado todavía. Dígannos que no están de acuerdo, que piensan distinto, insúltennos, calúmniennos, pero no escriban estas tristes y negras páginas, que porque un gobierno y un ministerio no se animan a impugnarnos, tengan que ser compañeros los que se animen a decir y dejar escrito, que ellos invalidan a los propios compañeros trabajadores”.
Al finalizar las palabras de Ongaro, Lorenzo Pepe propuso un cuarto intermedio hasta el día 29 y lamentó que ya estuviera en marcha “una supuesta división del movimiento obrero. Nosotros no hemos dividido a nadie, ellos se han dividido solos”. El 29 el Congreso reanudó sus sesiones con 279 delegados, 97 más que el quórum necesario.
Con un entusiasmo que hechos posteriores no confirmaron, el delegado de Municipales llamó “ratas” a los miembros de la Comisión Delegada que abandonaron el Congreso. Arrausi, de FUVA, aclaró entonces que el representante de su sector en la Comisión Delegada no se había retirado sino que estaba en el consultorio de un médico por problemas de salud.
Menna, de la Fraternidad, repudió a quienes realizan maniobras turbias y pidió que se mantuviera la unidad de la clase obrera para formar un bloque inexpugnable contra el enemigo común: la oligarquía y los cipayos al servicio del capital foráneo. Como consecuencia de las palabras del delegado municipal fue necesario aclarar que se encontraban presentes otros miembros de la Comisión Delegada que no abandonaban el Congreso: Coronel (Sanidad), Otto Calacce, Agustín Cuello (FOETRA), Amancio Pafundi (UPCN), Eligio García (Edificios de Renta) y Perfecto Barcia.
Luego tomó la palabra el portuario Mario López Sosa. “Hace dos años, en este mismo recinto —dijo— SUPA señalaba la noche negra que amenazaba a nuestra patria. No fuimos escuchados. Nadie nos creyó. Dijimos que no estábamos en contra de la recuperación portuaria sino en contra de que se nos quitaran las conquistas conseguidas a través de 50 años de luchar a punta de cuchillo por los obreros del puerto.
Pero ¿qué pasaba? Al caer el gobierno de Illia muchos compañeros se presentaron en la Casa Rosada. Nosotros, los portuarios no nos presentamos porque al ver cómo se conformaba el gabinete con hombres que fueron escarnio de los trabajadores portuarios dijimos que íbamos a esperar hasta que aclarara. Por eso estamos contentos hoy, porque las organizaciones pobres han dicho basta a los elefantes blancos. Aquí no se ha gritado un viva a ningún político sino a la clase trabajadora. La lucha comienza hoy en este recinto”.
Ese día, a las 10 se constituyó la Junta Electoral, presidida por Rodolfo Díaz, de UTA. Se leen los nombres de los miembros de la Lista Azul y Blanca, única presentada y se pasa a votación; 275 votos a favor y cinco en blanco consagran a las nuevas autoridades de la CGT, con mandato hasta 1970.
Entretanto, el secretario de Trabajo San Sebastián, se entrevista con el Presidente Onganía y advierte oficialmente que no se reconocerá al consejo directivo que surja del Congreso “por estar ilegítimamente constituido y no ser auténticamente representativo”. Ya veremos quién es representativo; si esta CGT de los Argentinos o el personero de un gobierno elegido por nadie. Este es el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo elegido en el Congreso Normalizador:
Este es el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo elegido en el Congreso Normalizador: Secretario General: Raimundo Ongaro (Gráficos). Secretario General Adjunto: Amancio Pafundi (UPCN). Secretario de Hacienda: Enrique Coronel (Fraternidad). Prosecretario de Hacienda: Pedro Avellaneda (ATE). Secretario Gremial e Interior: Julio Guillán (FOETRA). Prosecretario Gremial e Interior: Benito Romano (FOTIA). Secretario de Prensa, Cultura y Propaganda: Ricardo De Luca (Navales). Secretario de Previsión Social: Antonio Scipione (UF). Vocales: Honorio Gutiérrez (UTA); Salvador Manganaro (Gas del Estado); Enrique Bellido (Ceramistas); Hipólito Ciocco (Empleados Textiles); Jacinto Padín (SOYEMEP); Eduardo Arrausi (FUVA); Alfredo Lettis (Marina Mercante); Manuel Veiga (TER); Antonio Machese (Calzado); Floreal Lencinas (Jaboneros); Félix Bonditti (Carboneros).
A las 5.30 horas, de la madrugada del 30 de marzo, los congresales clausuraban las deliberaciones, entonando el Himno Nacional Argentino.
Por su parte, los miembros de la ex Comisión Delegada que habían abandonado el Congreso, se reunieron en el edificio de Azopardo (custodiado por la policía, que no fue entregado al nuevo Consejo Directivo) con varios de los grandes bonetes colaboracionistas: Vandor, Armando March, Coria, Cavalli, Izetta, Pérez. Como única respuesta a los llamamientos, decidieron declarar nulo el Congreso, prorrogar el mandato de la Comisión Delegada y suspender a las representaciones de FOETRA, Navales, ATE, UPCN, Calzado, Jaboneros, Ceramistas, FUVA y Gráficos, ante el Comité Central Confederal y lanzarse a una desaforada campaña de comunicados de prensa, impugnando el Congreso.
Entretanto, el nuevo Consejo Directivo de la auténtica CGT desplegó una intensa actividad: se decidió entre otras cosas que todos los miembros del secretariado y del Consejo Directivo hicieran ante un escribano declaración jurada de sus bienes, para que los trabajadores puedan verificar que en esta CGT de los Argentinos, nadie se enriquece de la noche a la mañana para comprar autos de lujo, colecciones de pintura, perros de raza.
Día a día comunicados de prensa fueron informando a los trabajadores y al pueblo. Se destacó la urgencia de la reapertura de las fuentes de trabajo paralizadas; la derogación de la ley 17.224; se creó la Comisión Nacional de solidaridad de Tucumán; se visitó en la cárcel de Villa Devoto al compañero Eustaquio Tolosa —designado secretario general honorario de la CGT— y se le hizo llegar la solidaridad de todos sus compañeros; se informó a la Organización Internacional del Trabajo de la realización del Congreso Normalizador y de la elección de nuevas autoridades.
Se recibieron dos cartas enviadas desde la cárcel por el compañero Tolosa. En la primera de ellas se advierte sobre la necesidad de ofrecer un frente común a los enemigos del pueblo, y se desalienta la fantasía colaboracionista. También afirma el compañero Tolosa, que creerá en las buenas intenciones de la ex Comisión Delegada, a la cual está dispuesto a recibir, siempre que sea acompañada por miembros del Consejo Directivo de la CGT Normalizadora que dirige el compañero Ongaro. En la segunda carta, luego de manifestar su agradecimiento por haber sido nombrado Secretario General Honorario de la CGT, Tolosa manifiesta que si no recibió a los compañeros designados por el Congreso Normalizador, fue únicamente porque en la cárcel le ocultaron esa visita, y finaliza alentando a la CGT Normalizadora a continuar su lucha.
Para el 1º de Mayo, la CGT ha planeado la realización de actos en todo el país. En Buenos Aires, el acto tendrá lugar en la Plaza San Justo, de La Matanza, a las 15 horas, presidido por el Secretario General Adjunto, Amancio Pafundi. En Rosario, Córdoba y Tucumán, los actos serán presididos por los demás miembros del Consejo Directivo, Ongaro en Córdoba, Guillán en Rosario, Romano en Tucumán.
